Por Nicolás Misculin
BUENOS AIRES, 9 mayo (Reuters) - Una serie de investigaciones por corrupción que complica a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner amenaza ahora a su sucesor, Mauricio Macri, que facilitó la reactivación de estos casos judiciales pero tiene a su propio entorno bajo la lupa.
El líder de centroderecha llegó a la presidencia en diciembre con la promesa de combatir la corrupción, en un país en el que desde hace años las sospechas de irregularidades envuelven a funcionarios y empresarios cercanos a Fernández.
Pero una denuncia del oficialismo por irregularidades del Banco Central en ventas de futuros del dólar, por las que este año fue imputada Fernández, se volvió contra el Gobierno cuando trascendió que actuales funcionarios y un empresario que es íntimo amigo de Macri se beneficiaron de las operaciones.
Y ese no es el único frente judicial por donde asoman los problemas para el actual presidente.
Las investigaciones por sobreprecios en obras públicas que apuntan al empresario Lázaro Báez, un hombre cercano a Fernández y a su difunto marido, Néstor Kirchner, ocupan desde hace meses las portadas de diarios enfrentados con la ex presidenta.
Las relaciones comerciales del empresario se han extendido más allá del círculo del matrimonio Kirchner: incluso llegan hasta Ángel Calcaterra, primo hermano de Macri.
Calcaterra controla el Grupo ODS, que tiene a la constructora Iecsa como subsidiaria. Iecsa se asoció en años recientes con Austral Construcciones, de Báez, para competir en dos licitaciones de obras públicas que finalmente perdieron.
Báez, señalado por algunos como testaferro de la ex pareja presidencial, fue detenido el mes pasado por una de las causas que hay en su contra por lavado de dinero. [nL2N178271]
Por otro lado, Iecsa -parte del imperio empresarial de la familia Macri-, Austral Construcciones y la brasileña Odebrecht son parte de una causa en la que se investiga el alcance local del escándalo de corrupción de Brasil conocido como "Lavado de Autos", que abarca a casi 100 empresas, según una fuente judicial con acceso al caso.
De acuerdo con una fuente cercana a Iecsa, la firma "nunca fue notificada de ninguna investigación y no fue socia de Austral Construcciones, sino que solo participó con ella en dos licitaciones, como ha hecho con muchas otras empresas".
La fuente dijo que la empresa está en venta para evitar cuestionamientos por el vínculo con Macri y que espera cerrar la operación este año o a principios del 2017.
Macri tomó distancia de las investigaciones.
"Yo voy a seguir teniendo el mismo compromiso institucional que asumí el primer día, que es permitir, dejar y acompañar en lo que se requiera, pero tiene que trabajar la Justicia en forma independiente", dijo el presidente la semana pasada.
POLÍTICA JUDICIALIZADA
Con el cambio de Gobierno, los jueces tienen ahora la ayuda de órganos que suelen ser reacios a colaborar cuando se trata de investigar a su propia administración, como las fuerzas de seguridad o la Cancillería.
Nuevos funcionarios en organismos oficiales de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero también están dando un fuerte empuje a la investigación del entorno de Fernández.
"Hay jueces que ahora se animan a investigar a la gestión pasada. Además, antes no podían acceder a la información", explicó a Reuters una fuente de la Justicia federal que prefirió que no se revelara su identidad.
La Corte Suprema de Justicia ha pedido este año a los jueces federales que aceleren investigaciones clave en casos de corrupción, narcotráfico y trata de personas.
"Hay una fuerte presión social y mediática para impulsar causas vinculadas a la corrupción. Se busca acelerar los tiempos, pero la Justicia tiene sus tiempos", dijo una fuente judicial con acceso a las investigaciones sobre Báez.
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